“La normativa penitenciaria vigente en España desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad”, asegura esta entidad, que reclama una profunda reforma en este ámbito”.
Pese a que Instituciones Penitenciarias ha difundido hace unos meses un protocolo de actuación con personas con discapacidad en centros penitenciarios, en el que han participado Plena Inclusión, ONCE, CNSE, Fiapas, Cocemfe o FASOCIDE , “la normativa penitenciaria vigente en España desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad”, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Este trabajo señala que la normativa penitenciaria también “omite una acción positiva sistemática que compense las desventajas que induce el medio carcelario, hechos que colocan a este segmento de la población reclusa en una posición de mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier persona interna”.
“Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad”, apunta CERMI.
El informe se cierra con una completa y fundamentada propuesta de reforma normativa, que se pone al servicio del Legislador y del Gobierno, como posible fuente inspiradora de futuras modificaciones de la legislación penitenciaria.
Estudio de la Carlos III
La redacción del informe-propuesta ha corrido a cargo de Patricia Cuenca, Doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este informe-propuesta es fruto de un trabajo del CERMI para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, administración titular del estudio.