Cuando la discapacidad es una condena añadida

Un estudio del CERMI pide reformar la normativa penitenciaria para mejorar la situación de las casi 5.000 personas con discapacidad reclusas que hay en todo el país.

Tras poner el foco en la situación de vulnerabilidad de los reclusos con discapacidad, CERMI ha ido un paso más allá, presentando un estudio con el fin de mejorar la situación de las casi 5.000 personas con discapacidad que hay en todo el país en esta situación.

Patricia Cuenca, autora de este trabajo y doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, ha pedido que se modifique la normativa penitenciaria española para adaptarla a las exigencias de la Convención Internacional de la Discapacidad.

El estudio, titulado ‘La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, analiza, en primer lugar, el marco normativo de la Convención de la ONU sobre personas reclusas con discapacidad; en segundo término, ahonda en el marco normativo español, y por último, concluye con una serie de recomendaciones para adaptar la legislación nacional a los mandatos de la ONU.

En su opinión, la legislación debe hacer alusión de manera expresa a la Convención, porque “las personas con discapacidad deben ser tratadas como sujetos de derecho”. Asimismo, ha planteado que pueda existir un “tratamiento diferenciado cuando la discapacidad sea relevante y se tengan que paliar dificultades que los reclusos con discapacidad encuentren en los centros penitenciarios, para lo que se deben tener en cuenta ajustes razonables, medidas de accesibilidad y acompañamiento cuando sea preciso”.

Igualmente, ha incidido en la importancia de reforzar las medidas para evitar situaciones de violencia y abuso; garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que se lleven a cabo en los centros penitenciarios; que se implementen más medidas alternativas a la condena en prisión cuando sea posible; mejorar la formación del personal de prisiones y del ámbito judicial para trabajar con las personas con discapacidad, y reforzar las vías de colaboración con las organizaciones de la discapacidad.

“Esta reforma de la normativa mejorará la situación de todas las personas con discapacidad en prisión, pero también de toda la población reclusa, aunque no se tenga una discapacidad”, ha añadido Patricia Cuenca.

Una “deuda” con la población reclusa

Al respecto, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, ha destacado que “asumir en España la Convención de la Discapacidad de la ONU supuso un cambio muy importante, porque introdujo el paradigma de la transversalidad, para que desde todas las áreas se trabajara en favor de la discapacidad, y no solo desde las que tienen competencias en servicios sociales”. En su opinión, se han adaptado a este tratado ya muchas leyes, “pero todavía queda mucho por hacer, y a las casi 5.000 personas presas con discapacidad que hay en España con alguna discapacidad, les debemos la revisión de la normativa penitenciaria”.

En esa línea, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que “ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia, según se acredita en esta investigación jurídica, una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad”. Por ello, ha pedido que el próximo Gobierno aborde esta cuestión, a fin de que “la discapacidad no sea una condena añadida”.