El 44% de las familias con personas con discapacidad se sustenta a partir de los ingresos de un solo progenitor y el 56% manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, según la Fundación Adecco.
La Fundación Adecco, con la colaboración de GEDIA, ha presentado el undécima informe Discapacidad y Familia, que este año ha puesto el foco en la nueva normalidad post pandemia, en la que lo más duro de la crisis parece haber quedado atrás, pero en un contexto marcado por una profunda incertidumbre e inestabilidad social y económica.
El informe basa sus conclusiones en una encuesta a 400 hogares en los que habitan menores con discapacidad, con el objetivo de visibilizar sus preocupaciones, necesidades y reivindicaciones.
Según los especialistas, en toda crisis, aquellos que partían de una mayor vulnerabilidad, corren el riesgo de convertirse en víctimas dobles de sus efectos. Es el caso de las personas con discapacidad, que ya en tiempos prepandemia afrontaban dificultades adicionales, y que con la irrupción de la Covid-19 vieron reforzados los obstáculos para llevar una vida normalizada.
En efecto, la tasa de riesgo de exclusión y/o pobreza para las personas con discapacidad, alcanzó el 33% en 2020, la cifra más elevada de toda la década, superando en 10 puntos porcentuales el índice registrado para los hogares en los que no hay personas con discapacidad, según AROPE (at risk of poverty and exclusion, EAPN).
En ese sentido, el 60% de las familias con personas con discapacidad ha visto reducido el poder adquisitivo de la unidad familiar tras la pandemia; el 44% de las familias con personas con discapacidad se sustenta a partir de los ingresos de un solo progenitor; y el 56% manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes, según la Fundación Adecco. Además, el 45% tiene ahora una red de apoyos familiar y social menor que antes de la pandemia.
Todo ello hace que el 91% de las familias crea que han sido doblemente afectadas por la pandemia y que aún no se han levantado de la crisis. Ante esta situación, las familias reivindican más apoyos para afrontar el sobreesfuerzo económico que tienen que hacer para garantizar el bienestar de su hijo con discapacidad, mayor inversión en sensibilización, así como destinar más recursos a la formación y el empoderamiento de las personas con discapacidad, en aras de estimular su empleo como principal vehículo de inclusión social.
El empleo, un quebradero de cabeza
El empleo es la principal preocupación de futuro para el 85% de las familias con hijos con discapacidad, pues es la respuesta integral para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida autónoma, desarrollarse personalmente y acceder a otros elementos como la vivienda, el ocio o el fortalecimiento de las relaciones sociales.
Sin embargo, 71% de las familias cree que la sociedad no está preparada para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, debido a prejuicios y/o desconocimiento (85%) o a la existencia de barreras de accesibilidad físicas, cognitivas (77%), etc.
Por detrás del empleo, un 80% antepone, como prioridad de futuro, tener asegurados los recursos terapéuticos y de salud para el bienestar de su hijo con discapacidad; un 75% prioriza las relaciones sociales (que tenga un círculo social y amistades en las que apoyarse), mientras que un 65% menciona la vivienda como su principal preocupación: “que mi hijo tenga un lugar en el que pueda vivir con seguridad y garantías”.