Constituida por 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones en toda España, Plena Inclusión es la organización de referencia encargada de representar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Enrique Galván, director de Plena Inclusión, nos cuenta más sobre los logros de la entidad y sus próximos objetivos, en Vidas Insuperables.
Plena inclusión es la entidad encargada de representar en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde hace más de 50 años, buscan la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad, defendiendo sus derechos y fomentando su calidad de vida.
Esta entidad, como el resto de organizaciones del tercer sector, es un motor de innovación social. La atención temprana llegó a España en los años 60, y se buscaba favorecer la estimulación de las personas con discapacidad intelectual a través de programas especializados.
“Esos programas especializados que nacieron para atender a las personas con discapacidad intelectual, hoy son la base de las escuelas de atención infantil. Es decir, aquello que pensábamos que era bueno para los niños con discapacidad, ahora se asume que no solo es bueno, sino que es necesario y fundamental para todas las personas”.
Otro ejemplo que beneficia a la sociedad en su conjunto, es la creación de herramientas de accesibilidad cognitiva. Plena inclusión trabaja para generar canales fáciles de comprensión sobre la realidad, el entorno o las noticias.
“Nos sorprende mucho que cuando generamos una herramienta de accesibilidad cognitiva, se vive como una gran solución para las personas con discapacidad intelectual, pero también para las personas mayores o los colectivos de inmigrantes. Nuestra aportación no tiene por objeto específico la solución de un colectivo, sino que busca el beneficio del conjunto de la sociedad”.
Una de las tareas de Plena Inclusión es hacer visibles realidades que más tarde, el conjunto de la sociedad, comprende que tenían que ser solucionadas, o que se estaban viviendo de una manera injusta.
“Cuando uno abre una puerta que tenía que haber sido abierta hace mucho tiempo, todo el mundo se pregunta cómo se ha tardado tanto. Hemos sometido a un grupo social a una presión, a una exigencia, a una situación de injusticia de la que nosotros no éramos conscientes”.
“El derecho a voto es un ejemplo muy importante. Cuando en los años 70, el conjunto de la sociedad española se abrió a la democracia, hubo una habitación con 100.000 personas que estaba cerrada, una habitación con personas a las que considerábamos incapaces de aportar, de comprender”, continúa.
Desde Plena Inclusión han trabajado con un programa llamado ‘Mi voto cuenta’, que buscaba la inclusión real de este colectivo en el sistema democrático. Tras 40 años, y mucho esfuerzo por parte de entidades y familias, se ha conseguido que 100.000 personas con discapacidad tengan ese derecho. “Ha sido tarde, pero estamos contentos de haber abierto una puerta a la libertad, y haber hecho más democrática, más completa y más justa esta sociedad”.
Igual que ese estigma ha sido suprimido después de mucho esfuerzo en el derecho al voto, desde Plena Inclusión siguen trabajando para que sea eliminado de otros ámbitos como puede ser el de la sexualidad o la vida independiente.
“Hay diversidad sexual, hay personas con discapacidad intelectual que se quieren casar, otros que son homosexuales, otros que no tienen una identidad sexual clara, pero descubrimos cuando lo trabajamos que esa realidad está ahí”.
En este contexto, Plena Inclusión trabaja en un proyecto que busca promover el derecho a tener una vida plena sexualmente, ‘Del tabú a la tarea’. “Te encuentras personas que formadas con apoyos suficientes, tienen una sexualidad que puede ser tan buena y tan plena como la de cualquier otro. La identidad de las personas también está definida por su identidad sexual. Si no somos capaces de promover esa identidad sexual, estamos orillando los derechos básicos, humanos y fundamentales de las personas”.
Otro de los aspectos que se estudia desde la entidad, es el de las prestaciones sociales. Uno de sus últimos estudios pone de relieve que las prestaciones tampoco benefician su autonomía y que “perpetúan” la situación de pobreza y dependencia. Además, pone de manifiesto que la tasa de desempleo de la personas con discapacidad intelectual es casi tres veces mayor que la población sin discapacidad, mientras que la tasa de actividad es tres veces menor.
Según Plena Inclusión, estos datos evidencian que las prestaciones económicas no incentivan el trabajo porque trabajar implica en muchas ocasiones perderlas. En el estudio se analiza en qué medida el sistema de protección social compensa los costes económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
“La política social, en términos generales, ha dejado a las familias el soporte de la persona con discapacidad intelectual. Eso ha supuesto que no hemos tenido suficiente visibilidad de lo que está pasando en las coberturas sociales. Las personas con discapacidad intelectual, muchas veces por su propia discapacidad, no pueden vivir solas. Por tanto ya no pueden tener renta mínima. La propia discapacidad les está generando un perjuicio en el acceso a una cobertura que es para todo el mundo”.
“Y se da la paradoja de que una persona de las que más lo necesitan no puede acceder a una de las herramientas de inclusión que es la renta mínima. Queremos tener coberturas inteligentes, que sean capaces de adaptarse al perfil de cada una de las personas y sus necesidades”, concluye.