El CERMI advierte de que el movimiento de la discapacidad será más beligerante ante la falta de accesibilidad universal. Hoy ha expirado el plazo para que todos los servicios, bienes y entornos de interés fueran plenamente accesibles.
La arena ha ido cayendo inexorablemente en el reloj y el tiempo se ha agotado. Hoy ha terminado el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los servicios, bienes y entornos de interés fueran plenamente accesibles, una obligación que se ha incumplido.
Así lo ha puesto de manifiesto el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha advertido de que el movimiento de la discapacidad será más beligerante ante la falta de accesibilidad universal.
Este es uno de los pilares del manifiesto elaborado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, “Sin accesibilidad universal, no hay derechos humanos para las personas con discapacidad”.
“Las violaciones más insistentes e insidiosas de los derechos humanos de las mujeres y hombres con discapacidad, las discriminaciones y exclusiones más generalizadas que sufren con mayor intensidad tienen que ver con la inexistencia o con las carencias de accesibilidad universal, que constituyen obstáculos muchas veces insalvables para llevar una vida independiente libremente decidida, y alcanzar una completa inclusión en la comunidad”, asegura CERMI.
Aunque apenas hay datos, por falta de estudios e investigaciones solventes, según esta entidad, “las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a sufrir en mayor medida los efectos negativos de la falta de accesibilidad universal, por lo que en este ámbito, aparentemente neutro, es imprescindible también aplicar un exigente enfoque de género para combatir la discriminación interseccional que se produce”.
De esta forma, el CERMI “ve necesario reforzar la lucha contra todo tipo de barreras (visibles o no), ante esta burla de los mandatos legales, absolutamente ineludibles en un Estado que se proclama social, democrático y de Derecho, y la estafa política y legislativa de la que han sido víctimas las personas con discapacidad, cuyas expectativas de disponer de entornos universalmente accesibles, tras esperas y aplazamientos interminables, se han visto una vez más traicionadas”.