El secretario de Estado de Justicia, Jesús Manuel Dolz, anuncia esta medida en el marco de la Asamblea de Representantes del CERMI Estatal. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, afirma que las personas con discapacidad y sus familias son una prioridad.
La Asamblea de Representantes del CERMI Estatal ha sido el contexto para el anuncio de una medida de fuerte calado socio-judicial. El secretario de Estado de Justicia, Jesús Manuel Dolz, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha «de inmediato» la Fiscalía de Sala Especializada en Personas con Discapacidad, y buscará «procurar más recursos para que la igualdad de este grupo social sea un hecho y no un mero derecho”.
“Queremos hacer cambios, aprender la discapacidad desde el ámbito de la ciudadanía, del disfrute y la garantía de derechos. Tenemos que hacerlo de la mano del CERMI y de la mano de los movimientos de reivindicación y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, ha comentado la Ministra.
Durante la celebración de esta asamblea, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno ha pedido también la reforzar la lucha contra la violencia machista teniendo en cuenta a las mujeres con discapacidad; la actualización del ‘catálogo ortoprotésico’; crear un espacio sociosanitario común, y la aprobación de una nueva estrategia de salud mental, otra para el daño cerebral adquirido, para enfermedades raras y el plan para la estrategia de autismo.
La experiencia personal de Ana Peláez
En la Asamblea ha tenido un gran protagonismo Ana Peláez Narváez, comisionada de Género del CERMI y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, y nombrada recientemente como nueva integrante del Comité de la CEDAW de la ONU.
Ciega de nacimiento, Peláez se ha convertido en la primera mujer con discapacidad en formar parte de este organismo internacional, desde donde se dará voz a las reivindicaciones de las mujeres y niñas con discapacidad.
Desde el año 2000 hasta hoy, ha trabajado en más de noventa países, impartiendo conferencias y cursos de formación para concienciar a los gobiernos y a la sociedad civil, defendiendo los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de todo el mundo.
Ha agradecido a todos los que le han apoyado en esta meta tan importante. “Las mujeres y niñas con discapacidad teníamos que ser reconocidas como mujeres por el Órgano de Naciones Unidas, que se encarga de luchar contra toda forma de discriminación que sufrimos las mujeres en general”.
“Hasta la fecha no teníamos reconocimiento de ciudadanía”
Se ha mostrado especialmente agradecida con la ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) por haberle permitido luchar en su nombre “sin dejar que se rindiese nunca”. El trabajo empieza ahora y por eso pide que ese apoyo se mantenga, ya que en sus propias palabras “esto no es un éxito personal sino un éxito que hemos logrado todos y todas juntos”.
“Hemos sido capaces de poner cifras y mostrar cuántas esterilizaciones se siguen haciendo en nuestro país y en otros países de la Unión Europea, desde que entró en vigor la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Una práctica totalmente inconsistente con los principios de derechos humanos”, ha señalado.
Por otro lado, esta entidad ha puesto de manifiesto durante la II Conferencia Sectorial en el Senado la cantidad de mujeres y niñas con discapacidad que no tienen acceso a la justicia, entre otras cosas, porque están incapacitadas legalmente. Esto principalmente fomenta su vulnerabilidad ante un caso de violencia, han agregado.
Gracias a la colaboración interasociativa, se ha publicado en diversas lenguas y formatos, de modo que, según Peláez, han logrado que esa demanda de acceso a la justicia pudiese llegar a todas las mujeres. “Ha sido la primera vez que hemos leído en público este manifiesto mediante pictogramas, porque no olvidamos que la discapacidad intelectual también es muy importante”.
Además, la Fundación CERMI Mujeres se ha encargado de asesorar al Gobierno de Uruguay con la intención de poner en práctica las observaciones que habían recibido del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre mujeres y niñas con discapacidad.