La brecha salarial se acrecienta en las mujeres con discapacidad
PREDIF denuncia que ya se sitúa en el 13,7% y pone de evidencia la precariedad laboral de este colectivo, que cuenta tan solo con un 34,6 % de tasa de actividad.
La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, PREDIF, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha denunciado la brecha salarial que sufren las mujeres con discapacidad, cuyos salarios son un 13,7 % más bajos que los de los hombres con discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Esto significa que ganan unos 3.000 euros menos al año que ellos, unos 5.600 euros menos con respecto a la población sin discapacidad. Además, las tasas de actividad, empleo y desempleo también se sitúan en cifras más bajas que las personas sin discapacidad en edad laboral. Así, según datos del INE, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad es de 22,4 % a nivel nacional, esto es nueve puntos más que la población sin discapacidad, y la tasa de actividad es del 34,6 %, casi 20 puntos por debajo de las mujeres sin discapacidad.
Estas diferencias salariales dependen de múltiples factores como el tipo de jornada o la ocupación, pero también del acceso a ciertos puestos de trabajo más cualificados o que requieran de titulación universitaria.
Además de la precaria inserción laboral de las mujeres con discapacidad, otra reivindicación que reclaman desde PREDIF es la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres con discapacidad. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 elaborada por el Ministerio de Igualdad, un 17,2 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia física y un 10,3 % violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de sus vidas.
En cuanto al ámbito de la pareja, el 40,4 % de las mujeres con discapacidad ha vivido algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas, ya sea psicológica, física o sexual.
Violencia machista
Por ello, la entidad exige la plena accesibilidad a los recursos de denuncia de la violencia machista (centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, juzgados, campañas y materiales informativos de sensibilización), así como legislar con perspectiva de género y discapacidad y formar al personal de la judicatura, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, y al personal técnico con este enfoque transversal.
