El CERMI denuncia ante esta institución que España carece de regulación sobre etiquetado braille en productos de consumo masivo.
Pese a que la ONCE está haciendo una gran labor en este campo, con iniciativas como «Alimentos con su punto», el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha cogido el toro por los cuernos y ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo denunciando la inacción del Gobierno al no regular el etiquetado braille de los productos de consumo masivo, como han hecho otros países europeos.
Esta ausencia normativa deja desprotegidos a los consumidores y usuarios con discapacidad visual que conocen y usan el código de lecto-escritura braille para acceder a la comunicación escrita, resintiéndose gravemente el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, explican desde esta entidad.
El CERMI pide al Defensor del Pueblo que, tras acreditar esta vulneración de derechos de las personas con discapacidad visual, inste al Gobierno a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a aprobar unas condiciones básicas normativas sobre etiquetado braille de productos de consumo masivo, así como de productos potencialmente peligrosos para los usuarios.
En España, gracias a una Directiva europea sobre envases de medicamentos, solo existe obligación de etiquetado braille para este tipo de productos, pero no para los de consumo extenso y generalizado que se distribuyen en el comercio minorista.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados parte, entre ellos España, a dotar de accesibilidad a través del uso del braille, mandato que nuestro país incumple.