La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) aboga por la incorporación de la lengua de signos en los centros educativos y en la atención temprana.
En España existen cerca de un millón de personas con problemas de audición, es decir, uno de cada 40 ciudadanos. Sin embargo, hasta ahora, nunca se ha planteado seriamente la incorporación de la lengua de signos como un elemento de inclusión desde edad temprana en el espacio escolar.
Esta es precisamente una de las peticiones que está llevando a cabo la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que aboga por la incorporación de este lenguaje en los centros educativos y en la atención temprana.
Así lo ha defendido en Ginebra, ante la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), en el marco de la 77ª Sesión del Comité de Derechos para la Infancia organizada por la ONU, la experta en familias y educación de esta entidad, María Aránzazu Díez.
Acompañada de Colin Allen, presidente de la WFD, y de Krister Schönström, de la Universidad de Estocolmo, Díez ha señalado que aún “queda pendiente desarrollar un marco normativo sobre la incorporación de la lengua de signos tanto en el ámbito de los servicios de atención temprana como en los centros educativos”.
“Faltan medidas que faciliten, por un lado, el uso de la lengua de signos como lengua vehicular y, por otro, que determinen aquellos centros educativos en que su aprendizaje y uso sea posible”.
Legislar su implantación
Para Díez, la atención temprana en nuestro país para la infancia sorda y sus familias tiene una “irregular, escasa y desigual implantación”. Además, ha añadido que la inclusión de la lengua de signos española “se vive con desconocimiento e incluso rechazo de los profesionales a su incorporación en la atención temprana”.
En su opinión, esta situación, que es una “grave vulneración a los derechos más básicos de salud y desarrollo pleno y armonioso de la población sorda, podría paliarse con la aprobación de una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana y el Apoyo al Desarrollo Infantil que contemple la perspectiva bilingüe-bicultural de las personas sordas en la intervención con la infancia sorda y las familias”.
Asimismo, ha solicitado que se diseñen y establezcan las bases para la puesta en marcha de un sistema de servicios, apoyos y protocolos de actuación integral y coordinada en atención temprana y apoyo al desarrollo Infantil que incorpore la perspectiva bilingüe-bicultural de las personas sordas, con un compromiso presupuestario efectivo por parte del Estado y las Comunidades Autónomas.
Escasez de centros con lengua de signos
En lo que se refiere a la situación de la enseñanza de la lengua de signos entre la infancia sorda, María Aránzazu Díez ha puesto de manifiesto la escasez de centros escolares que incluyen esta lengua en sus currículos y su desigual distribución en el territorio español.
“La oferta del modelo educativo bilingüe-bicultural es muy dispar y preocupa la desequilibrada distribución territorial de estos programas educativos, en tanto en cuanto se incrementan las desigualdades en lugar de promover el derecho de las familias a elegir, o de fomentar un mayor acceso a la educación y un trato más equitativo”, ha comentado.
Para Díez, la solución pasaría por “potenciar la creación de una red de centros con programas educativos bilingües-biculturales en lengua de signos y garantizar la formación continua de los profesionales que trabajan con la infancia, la juventud sorda y las familias teniendo en cuenta la perspectiva de las personas sordas”.