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La otra crisis humanitaria, la protección de 2,7 millones de ucranios con discapacidad

CERMI y EDF exigen a la UE una acogida inclusiva a los refugiados con discapacidad y pide atención humanitaria “urgente y accesible” a las personas con discapacidad y sus familias.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) han exigido a la Unión Europea (UE) la toma de las medidas necesarias para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad que llegan al territorio de la Unión como solicitantes de asilo, migrantes y refugiados como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Así lo han manifestado en una carta que estas y otras entidades adheridas al EDF han dirigido a la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, en la que han solicitado “medidas urgentes y sostenidas para traer la paz a nuestra región”.

Según han asegurado, en Ucrania residen en la actualidad 2,7 millones de personas con discapacidad. En este sentido, han recordado que tanto la UE como todos los Estados miembro han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), por lo que “están vinculadas a las obligaciones consagradas en esta Convención, en particular en el artículo 11, sobre los derechos de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias”.

Ante la situación actual que atraviesa Ucrania, por culpa de la atroz invasión rusa, CERMI y EDF han puesto de relieve la importancia de dar una respuesta “coordinada e integradora” a la afluencia de personas refugiadas que cruzan la frontera, y han mostrado su disposición a “ayudar de cualquier manera posible” con el fin de garantizar su atención y apoyo inmediato y a medio y largo plazo.

Entre otras medidas, las entidades han planteado la puesta a disposición de atención humanitaria “urgente y accesible” a las personas con discapacidad y sus familias, garantizar la evaluación de las solicitudes de asilo o la asignación de fondos adicionales para afrontar esta crisis de refugiados teniendo en consideración los derechos y necesidades las personas con discapacidad que huyen de la guerra.

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