Un informe jurídico pone de evidencia una urgente actualización de la Ley Orgánica Penitenciaria para atender la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier persona interna.
Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, según Patricia Cuenca, Doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid.
Cuenca asegura que ambas normativas “necesitan con urgencia una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Esta abogada ha sido la autora de una investigación jurídica publicada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la que se examina y contrasta de modo exhaustivo la legislación penitenciaria española con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo tocante a la población reclusa con discapacidad.
Según CERMI, que ya había puesto el foco en la situación de vulnerabilidad de los reclusos con discapacidad, la normativa penitenciaria vigente en España “desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, así como omite una acción positiva sistemática que compense las desventajas que induce el medio carcelario, hechos que colocan a este segmento de la población reclusa en una posición de mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier persona interna”.
Pese a que Instituciones Penitenciarias ha difundido hace unos meses un protocolo de actuación con personas con discapacidad en centros penitenciarios, en el que han participado Plena Inclusión, ONCE, CNSE, Fiapas, Cocemfe o FASOCIDE, el informe se cierra con “una completa y fundamentada” propuesta de reforma normativa, que se pone al servicio del Legislador y del Gobierno, como posible fuente inspiradora de futuras modificaciones de la legislación penitenciaria.
Este informe-propuesta es fruto de un trabajo del CERMI para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Este nuevo título hace el número 23 de la Colección Convención ONU Discapacidad, editada por el CERMI para abordar desde todos los enfoques el análisis, despliegue y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.