El Delegado de Derechos Humanos y Discapacidad para la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Jesús Martín Blanco, explica a Vidas Insuperables cómo se encuentra la situación actual en España referente a los derechos y ejercicios de derecho en el colectivo de las personas con discapacidad.
¿Cómo es el día a día del Delegado de Derechos Humanos y Discapacidad para la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad?
En primer lugar quiero presentar al CERMI, que es la organización estatal que aglutina y articula el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias en España, y a la vez es el altavoz y la voz de este grupo humano en nuestro país para la incidencia política. Nosotros estamos ahí donde se tomen decisiones que nos afectan a nosotros y a nuestras familias porque la discapacidad es un grupo humano poliédrico. Por ello estamos en el espacio legislativo, en el jurídico y en el Gobierno para incidir que esas políticas públicas sean acordes a lo dictamina la Convención de la ONU y la Legislación Estatal en materia de derechos a personas con discapacidad. Va a ser una palabra que se aborde mucho porque apostamos mucho por la visión de ese grupo humano, de la dimensión de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.
En el año 2011 el Estado español designó al CERMI como mecanismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la convención internacional, precisamente porque era la equidad más representativa de las personas con discapacidad y sus familias en España y por los logros y conquistas realizados en materia de ciudadanía hacia este grupo humano. Y también porque el CERMI ha sabido aglutinar toda esa expresión asociativa de realidades muy diversas hace ya 20 años, cuando nos reunimos bajo un único factor en común que era la exclusión que nos unía a todas las asociaciones de la discapacidad. De esa cuestión, en un principio negativa, hemos construido un movimiento cohesionado para defender los derechos de las personas con discapacidad.
El CERMI, a través de esta designación del Gobierno, creó una estructura permanente para dar salida a este cometido al amparo del artículo 33 de la convención que estipula que organizaciones de la sociedad civil deben y pueden hacer un seguimiento al margen de las instancias oficiales de manera que el Estado no sea juez a la hora de dar cuenta ante Naciones Unidas de los logros, avances y retrocesos de esta convención.
Nosotros estamos vigilantes de cuáles son esas conquistas y retrocesos para denunciarlos y visibilizarlos y si son avances para aplaudirlos, ya que el fin es que penetre en todos los espacios y ámbitos tanto de la vida pública como en la vida privada para que la ciudadanía con discapacidad supere ese déficit de ciudadanía y estar alejada de esos espacios de inclusión dictaminados en esta norma.
Mi labor es generar conciencia en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que este grupo humano se vea con ese enfoque de derechos; denunciar aquellas vulneraciones de derechos y déficits de ciudadanía que se dan en este colectivo; e implementamos esta convención en leyes, normas y políticas públicas del estado español.
Dentro de la ley habrá puntos que estén normalizados e integrados en la sociedad y otros que todavía estén por trabajar…
Faltan todavía muchas cuestiones por resolver. Este año hemos hecho dos conquistas muy importantes: la toma en consideración del sufragio de las personas con discapacidad, la aprobación de la reforma de la ley del jurado que permite a las personas con discapacidad formar parte de jurados populares que ya lo establecía el artículo 12 de convención.
Debemos ser exigentes para que el enfoque de derechos humanos de la Convención inunde las políticas públicas hacia las personas con discapacidad, y reparar un déficit de ciudadanía hacia este 10% de la población española. Los derechos humanos de las personas con discapacidad siguen siendo una realidad precaria y deficitaria en España, con graves carencias y anomalías que nos alejan como país de unos estándares aceptables.
Hay retos importantes o fricciones en nuestro ordenamiento jurídico con este tratado. Creo que después de 11 años de andadura que lleva este tratado en España no hemos sido capaces de adecuar todo el ordenamiento jurídico a este tratado que es de obligado cumplimiento. Han sido apenas 20 leyes ordinarias las que se han adecuado a este tratado internacional, no siendo ninguna de ellas fundamental u orgánicas que son las que regulan nuestros derechos fundamentales. Es un síntoma de cómo se sitúa la discapacidad a día de hoy en nuestro país.
Por otra parte el tema de la capacidad jurídica es uno de los retos más importantes que tiene este tratado en nuestro país porque el ejercicio de este derecho, la propia titularidad jurídica y el hecho de ejercerlo es una cosa consustancialmente, es decir no se pueden dividir.
Esta normativa proteccionista y paternalista nació con el fin de salvaguardar a las personas con discapacidad en un ánimo paternalista de proteger y que tuvo sentido en su momento. Pero como dice la propia convención debe ser completamente reformulado y no proteger apartando a esa persona, sino apoyándola en esa toma de decisiones.
La persona debe ser protagonista de las decisiones que le incumben y debemos empoderarlas. La capacidad jurídica es como darle bastones a estas personas con discapacidad intelectual o desarrollo; o medidas de accesibilidad para que ellos puedan tomar sus propias decisiones en su vida.
En el modelo anterior el juez preguntaba si la persona tenía facultades para el ejercicio de su capacidad jurídica. Si la respuesta era no, se le sustituía. En este caso y a raíz de la convención, el juez pregunta qué tipo de apoyo necesita esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica. Esto es uno de los retos más importantes que tiene a mi juicio este tratado internacional y precisamente porque la visión que está instalada en nuestro país de las personas con discapacidad sigue siendo esa visión paternalista, de médico-rehabilitadora, es decir, que para poder participar y ser incluidos en la sociedad tenemos que curarnos de esta diferencia.
El derecho al voto que todavía no ha sido restaurado y por el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nos ha dado ya varios toques a España, parece que hay un consenso político y esperamos que en las próximas elecciones estas 100.000 personas con discapacidad intelectual, que siguen privadas al derecho del sufragio, puedan participar en estos comicios.
Y otro reto importante es la inclusión educativa. Ninguna de las leyes que se ha reformado incide en leyes orgánicas. La LOCMCE y la LOE, leyes vigentes en materia de educación, legitiman la educación especial, que no más que una educación segregada. El CERMI quiere potenciar los entornos compartidos, de convivencia y de inclusión. El 20% del alumnado con discapacidad se encuentra en entornos segregados, una barbaridad ya que es inadmisible desde una perspectiva de igualdad de trato y no discriminación.
Si imagináramos esta cuestión para otros colectivos, como los inmigrantes y refugiados, la sociedad se echaría las manos a la cabeza. Sin embargo con la discapacidad la sociedad lo sigue legitimando y no denuncia estas prácticas segregadoras. ¿Cómo vamos a fomentar el respeto en estos niños y niñas si nunca han convivido con niños con discapacidad? Esto es un caladero de marginación de vidas asistida y de odio. En el último informe de la Policía Nacional somos medalla de plata en delitos de odio hacia personas con discapacidad. Creo que una de las causas es ese desconocimiento hacia estas vidas y este grupo humano que somos diferentes y tenemos que ser respetados.
El tema de la educación inclusiva está sometido a una cuestión de déficit de ciudadanía y de exclusión estructural y sistemática que disputa nuestro acceso a viene y servicios de ciudadanos. Esto de alguna manera viene determinado por esa falta de inclusión educativa. Si fracasamos en educación tenemos todas las papeletas de fracasar en el resto de nuestra vida. Es una de las asignaturas pendientes por resolver que se traduce como una anomalía en nuestro ordenamiento jurídico con respecto a la convención.
En relación a la accesibilidad universal el 4 de diciembre de 2017 se cumplía el plazo para que todos los bienes entornos, servicios y productos fueran accesibles a toda la ciudadanía. Si consideramos los derechos humanos como instrumentos que protegen y defienden una vida de humana digna, es indudable que ese requisito de la accesibilidad debe estar permeado en todos nuestros derechos humanos. La accesibilidad tiene que trascender a todos nuestros entornos: transporte, urbanismo, comunicación… Ese adjetivo de universalidad tiene que suponer que la accesibilidad tiene que permear en todos los derechos. Si no está esa accesibilidad, se cae el propio derecho. Es una cuestión sobre la que llamamos la atención y sobre la que versa toda la Convención de la ONU en todo su articulado a la dignidad y debemos ser muy beligerantes para que la accesibilidad sea considerada como un derecho.
La Fundación CERMI Mujeres también ha hecho una denuncia pública sobre la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidad. Se trata de un hecho injustificable desde la perspectiva de los derechos humanos, por lo que lo considero inadmisible a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que a mi entender es una forma de violencia contra las mujeres. Exigimos, por tanto, que se cumplan sus derechos a decidir sobre la propia vida, la sexualidad y la maternidad, ‘sin que nadie pueda decidir’ sin su consentimiento informado sobre la esfera más íntima de la integridad personal. Sólo cuando la sociedad comprenda que las niñas y mujeres con discapacidad tienen derecho a decidir sobre sus propias vidas, estaremos concediéndoles el derecho a ser ellas mismas.
Estas son las principales cuestiones en las que tenemos que estar vigilantes y atentos para corregir y revertir y para que nuestros derechos humanos que se recogen en la convención no se vean violados.
Para mí hay un hecho muy significativo en nuestro país y es el incumplimiento de un mandato legal. Como persona con discapacidad me da un mensaje muy claro de lo que piensa este estado respecto a este colectivo. Esa comparación dependerá de los países. Seguramente los países nórdicos tengan unas políticas de accesibilidad más avanzadas con respecto a países más del sur o con economías menos boyantes y más incipientes.
Pero creo que lo que hay que destacar es que hace 17 años nuestro país se dio un plazo muy amplio de 17 años para que todos los sectores fueran accesibles, es decir, para que nosotros dejáramos de ser ciudadanos de segunda, y esta situación de precariedad que nos aparta de cualquier esfera de inclusión fuese corregida. A pesar de la labor de incidencia y denuncia que ha venido desarrollando el CERMI y sus organizaciones miembro, las administraciones ha hecho caso omiso a ese mandato legal.
Para mí este limbo en el que estamos ahora inmersos y que el Estado nos ha dicho con claridad que vuestras leyes, y por ende vuestro colectivo tiene menor valor, es el mensaje que hay que subrayar. Si una ley es un espacio de convivencia en condiciones de igualdad pero no se cumple, a mí me da un mensaje muy claro. Yo le haría la pregunta a los parlamentarios o a los responsables del Gobierno que, si no dando cumplimiento a este mandato, si no quieren que vivamos juntos.
Instrumentos hay. Voluntad parece que también. Se genera mucho consenso parlamentario a pesar de las diferencias ideológicas, pero al mismo tiempo se genera ese mismo consenso a la hora de no aplicar esas políticas. Hay muchos derechos que nos amparan pero no nos alcanzan. Hay que trabajar por esas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo para que ese ordenamiento se cumpla, que sea efectivo y que nos alcance en el día a día.
Que si voy al Congreso de los Diputados no me encuentre con un mostrador muy alto, o que si soy diputado pueda acceder a la tribuna del Congreso. Eso a día de hoy pasa y es donde debemos poner el foco para que podamos participar, convivir y vivir en condiciones de igualdad.
En estos años se han modificado leyes pero como decía no se ha sido ninguna norma fundamental. ¿Entre las pendientes se encuentra la Constitución Española?
No porque se puede situar igual o al mismo nivel que la Convención de la ONU. La Constitución tiene artículos que inspiran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por otra parte la Constitución invoca a que las leyes que se aprueben en el Estado Español tienen que estar en consonancia con los tratados a los que se adhiera el estado. Por ende, esta cuestión así planteada está resuelta.
Sí que tenemos una asignatura pendiente con la Constitución, en el artículo que se refiere a las personas con discapacidad. La nomenclatura, que se hizo hace 40 años, habla de incapacitados y es una cuestión que hay que resolver, pero lo principal en materia de Constitución es que debemos hacerla fundamental de manera que blindemos nuestros derechos.
Para finalizar, ¿cuáles son los objetivos del CERMI para este año?
Estamos trabajando en el plan de actuación, pero como en líneas generales vamos a seguir invocando esta Convención de la ONU. Vamos a intentar que además de que se invoquen las políticas públicas que se practiquen. Estas cuestiones a las que aludía antes y a las que me refería como anomalías en nuestro ordenamiento jurídico sean armonizadas y se resuelvan.
Hay otras cuestiones que le preocupan al CERMI como es el tema del empleo, ya que tenemos unas tasas superiores a la media española. Queremos formar parte del progreso de este país. Queremos ser un activo en términos económicos y para ello los entornos laborales deben ser inclusivos a los trabajadores con discapacidad. Queremos impulsar una ley de inclusión laboral para las personas con discapacidad que recoja todas estas cuestiones.
Seguiremos trabajando mucho desde la Fundación CERMI Mujeres para que las niñas y mujeres con discapacidad, que son el 60% de este colectivo, estén en condiciones de igualdad y romper ese binomio perturbador en el que las mujeres y la discapacidad se junta con el machismo. Queremos empoderar y capacitar en la agenda social y parlamentaria a las mujeres y niñas con discapacidad. Hemos hecho logros importantes como formar parte del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, pero tenemos que seguir trabajando para que las mujeres no estén en la periferia.