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Los Hogares En Donde Viven Personas Con Discapacidad Intelectual O Del Desarrollo Tienen Rentas Más Bajas

Los hogares en donde viven personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen rentas más bajas

Plena inclusión entrega al Gobierno 25.000 firmas de familiares de personas con discapacidad intelectual que reivindican una mejora de sus condiciones de vida. Menor tasa de actividad, dificultades en el acceso a recursos básicos,  sobreesfuerzos económicos, abandono laboral y problemas de salud derivados de los cuidados de estas personas, radiografía de estas familias.

Familiares y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena Inclusión han entregado al Gobierno 25.000 cartas solicitando unas condiciones de vida dignas.

Este colectivo, que representa en España un 1% de la población española (lo que supone alrededor de 470.000 personas), exige que las Administraciones Públicas adopten medidas económicas que les aseguren un nivel de protección social y el acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y en igualdad de condiciones con las demás familias.

Según Plena Inclusión, los datos ponen de manifiesto una “situación crítica”: la renta es un 25% más baja en estos hogares que en el resto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es, según el Instituto Nacional de Estadística, 46 puntos más baja que la de la población general (78% frente al 32%) y la de empleo es un 43% más baja (62,8%, frente al 20%).

“Desde Plena inclusión queremos lanzarle un reto al nuevo Gobierno para que garantice condiciones de vida más equitativas y dignas para las familias con personas con discapacidad intelectual”, ha explicado Juan Pérez, vicepresidente de esta entidad.

A esto se une que estas personas y sus familias afrontan un sobreesfuerzo económico originado por la necesidad de apoyos y la pérdida de oportunidades, cuantificado en 24.237€ anuales de media. En el caso de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, este coste asciende a 47.129€.

Las madres sacrifican su carrera profesional

“En la mayoría de los casos las madres de personas con discapacidad intelectual tienen que sacrificar su carrera profesional porque tienen que hacerse cargo de sus hijos”, explica María del Mar Azaña, representante de familias de Plena inclusión Castilla-La Mancha.

Plena inclusión también ha analizado el actual sistema de prestaciones, concluyendo que no sólo no sirve para compensar este sobreesfuerzo, sino que además desincentiva el acceso al empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En su estudio “Todos Somos Todos” sobre la situación de familias de personas con grandes necesidades de apoyo, Plena inclusión también atribuye mayores problemas de salud –con sus costes derivados para el sistema–, en las cuidadoras (sobre todo madres).

Propuestas de Plena Inclusión:

1.- El acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual considerándolas una unidad de convivencia especial (sin tener en cuenta la unidad familiar)  y que ésta sea acorde a las necesidades y gastos que conlleva la discapacidad intelectual.

2.- Establecer una garantía de ingreso mínimo específico para las personas con discapacidad intelectual que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional (actualmente 900€/mes).

3.- Aumentar la cuantía de la prestación por hijo/a a cargo,incrementándola en un 50% en el caso de hijos/as menores a cargo con un grado de discapacidad igual o mayor del 33% (para alcanzar los 2.000 euros anuales). Equiparar las percibidas por hijos/as con 65% o más de discapacidad a las que actualmente se dan a quienes tienen hijos/as a cargo con un grado igual o superior al 75% (alcanzando los 7.056 euros anuales).

4.- Que exista una adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un trabajo, con el objetivo de no desincentivar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual, algo que genera autonomía y oportunidades de inclusión.

5.- Asegurar mejoras en el régimen fiscal del IRPF y del patrimonio protegido que compensen la situación desfavorecida de las personas con discapacidad y sus familias.

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