Plena inclusión presenta ante el Ejecutivo aportaciones a la futura ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
“La violencia contra la infancia y la adolescencia se da, desgraciadamente, en todos los ámbitos de relación social. Y, sin embargo, son los niños y niñas con discapacidad los que sufren más a menudo esta lacra”.
En ese sentido, esta entidad ha presentado ante el Ejecutivo una batería de propuestas para la modificación del anteproyecto de Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta futura norma, que tiene rango orgánico, se halla en fase de consulta abierta.
Plena Inclusión ha tomado la iniciativa de aportar cambios en el texto que “supongan una mejor y mayor defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias”.
Desde el departamento jurídico de Plena Inclusión, su responsable Inés de Araoz, valora el hecho de que la nueva ley incluya referencias concretas que garanticen los derechos de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y añade: “Necesitamos que la ley recoja nuestras demandas porque en la actualidad las cifras de desprotección que manejamos dibujan un escenario muy preocupante para la infancia con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias”.
Empoderar a las familias
Las aportaciones de Plena inclusión España abarcan diversos apartados de la futura Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, proponiendo que se aseguren las condiciones de vida del hogar y de la familia entendiendo este elemento como clave en la prevención y protección. Para esta organización se debe empoderar a las familias, así como facilitar apoyos a profesionales que trabajen en el entorno del hogar para el progreso de lo que cada persona necesite.
Plena inclusión España defiende que se garantice la conformación de comunidades fuertes y cohesionadas donde las familias y los menores tengan apoyos necesarios y recursos dignos para vivir su infancia en entornos seguros. “Por ello, la futura Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia debe ir acompañada de medidas en los ámbitos familiar, educativo, social, sanitario que se deben poner en marcha de forma coordinada para prevenir, detectar, intervenir y apoyar a los menores y a sus familias, así como evitar que se repitan en el futuro”.