Solicita una reforma del sistema de garantía de ingresos que incorpore a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con medidas como la discriminación positiva para las personas con especiales dificultades de empleabilidad.
La consideración de una unidad independiente a la del grupo familiar; el aumento significativo de las prestaciones por hijo a cargo y de la Pensión No Contributiva, y un tratamiento fiscal adaptado; medidas de discriminación positiva para las personas con especiales dificultades de empleabilidad; una subvención salarial del 75% del SMI y compatibilidad de empleo con ayudas sociales; y el derecho al retorno a plazas de servicios sociales por envejecimiento o procesos de deterioro.
Estas son las principales peticiones que ha realizado al Gobierno Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, ante la “insuficiente cobertura del sistema social para las personas con discapacidad y sus familias”.
Según López, este desequilibrio en las garantías de ingresos se aprecia especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual, TEA, parálisis cerebral y otras discapacidades del desarrollo. Desde las federaciones de Plena inclusión se está repitiendo este mismo mensaje a los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas.
Plena Inclusión ha tomado esta iniciativa apoyado por las evidencias que recoge un estudio publicado que coincide con la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que este organismo multilateral asegura que “el gasto social en España ayuda poco a las rentas bajas. La FMI aconseja una mejor redistribución de las ayudas públicas para lograr que mejoren las condiciones de vida a los colectivos más vulnerables”.
“Las familias asumen los costes”
La confederación, que agrupa a 935 asociaciones denuncia una situación, a su juicio, injusta: “Históricamente las familias han asumido los costes y el mayor esfuerzo para afrontar sus necesidades cotidianas. Y es que a menudo se confunden los apoyos para afrontar los obstáculos de la discapacidad con los recursos para sostener una vida digna”.
Plena Inclusión estima que una familia con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en su seno debe asumir un sobrecoste económico anual que fluctúa entre 24.000 euros y 43.000.
Una tasa de desempleo del 37,5%
A esta dificultad hay que añadir la exclusión sistemática del mercado de trabajo de este colectivo. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo presentan la tasa de actividad más baja del mercado laboral español, con un 31%, y una tasa de desempleo del 37,5, según los datos de la Asociación Empresarial de la Discapacidad (AEDIS).