El presidente de Plena Inclusión “lamenta que la Junta Electoral Central se desaproveche la opción de avanzar en la igualdad real de un colectivo que ha conseguido, después de años de lucha ciudadana, que 100.000 personas con discapacidad recuperen su derecho al voto”. Para CERMI, “es insuficiente”.
Las dudas sobre las posibles limitaciones al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en las próximas elecciones siguen sin disiparse.
De acuerdo con el texto de la modificación de la instrucción que ha hecho la Junta Electoral Central (JEC), según Plena Inclusión España, “se mantiene la posibilidad de que apoderados e interventores adscritos a una mesa puedan apuntar en el acto el DNI de quien consideren que no está ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria”.
“Se ha perdido una nueva oportunidad de equiparar los derechos de las personas con discapacidad, en el derecho al voto, tal y como planteaba el espíritu de la reforma de la Ley Electoral Central aprobada unánimemente por el Congreso en 2018”, critica Santiago López, presidente de esta entidad.
La confederación, que agrupa a 900 entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, “lamenta que se desaproveche la opción de avanzar en la igualdad real de un colectivo que ha conseguido, después de años de lucha ciudadana, que 100.000 personas con discapacidad recuperen su derecho al voto en los comicios del próximo 28 de abril”.
Para Plena Inclusión, el nuevo texto es “insuficiente”, ya que “solo aborda la duda sobre el ejercicio del voto libre, consciente y voluntario en un documento que se refiere a las personas con discapacidad intelectual y no en otro documento que aborde esta cuestión con el global de los votantes”.
Esta confederación, que representa a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ha exigido a la Junta Electoral Central “una mayor claridad en la exposición de los motivos de modo que se zanje cualquier duda”.