Según la Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 que cifra en un 20,7% el volumen de mujeres que tienen una discapacidad acreditada y que ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja.
Algo más de un 20% de las víctimas de violencia de género son mujeres con discapacidad, según se ha puesto de relieve en un evento de la Escuela de Igualdad del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) Cermi Andalucía, celebrado bajo el título ‘Haciendo visible la violencia contra las mujeres con discapacidad’, con la participación de cuatro ponentes especialistas en el tema.
En este encuentro, ha participado la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, quien ofreció en su intervención los últimos datos de la Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 que cifra en un 20,7% el volumen de mujeres que tienen una discapacidad acreditada y que ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8 % de las mujeres sin discapacidad, informa Europa Press.
Además, el 17,5% de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual emocional o ha sentido miedo de sus parejas, afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.
Asimismo, el último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer apunta a que el 20% de las víctimas asesinadas tenían una discapacidad acreditada. Pese a estas cifras, la representante de la Fundación Cermi Mujeres criticó la escasez de datos sobre el drama de la violencia contra la mujer en el mundo de la discapacidad, reivindicando la puesta en marcha de una macroencuesta específica que permita obtener un mejor reflejo de esta realidad, animando a que se realicen estudios detallados también a nivel autonómico.
El webinario ha contado con una mesa práctica en la que se han puesto de relieve distintas experiencias prácticas y en las que sus participantes han coincidido en resaltar la necesidad de reforzar los circuitos de detección, prevención y protección de las mujeres frente a la violencia, apostando por el impulso de un protocolo de atención como una herramienta clave.
Autoayuda y empoderamiento
Entre las participantes en esta mesa se encontraban la técnica de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad de Andalucía, Lourdes Casimiro, la coordinadora de proyectos de Codisa-Predif, Nieves Galán, y la psicóloga de Afenes, Paula Arribas. En esta mesa se han dado a conocer diversas experiencias en esta lucha como el programa de Unidades de atención especializada a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en Andalucía o al programa de autoayuda y empoderamiento para mujeres con problemas de salud mental, que aborda aspectos de prevención y detección, además de la capacitación frente a la violencia.
Las ponentes han puesto el acento también en la importancia de una buena formación para los profesionales que atienden a las personas con discapacidad para la detección y prevención, así como la necesidad de contar con recursos especializados de atención, como las unidades de atención de CODISA-Predif, para garantizar el mejor de los servicios a mujeres víctimas y en el enorme potencial estratégico de los grupos de autoayuda y empoderamiento entre mujeres con discapacidad para la prevención y la autoprotección frente a la violencia, así como para la promoción de un mejor autoconomiento de todos los procesos vitales propios y el fortalecimiento de redes de apoyo mutuo entre mujeres.
Asimismo, se ha reivindicado la figura de asistente personal, en el marco del Pacto de Estado frente a la Violencia de Género, como recurso clave en la atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y fundamental para el desarrollo de los proyectos vitales completos de estas personas.
Poner el foco
Finalmente, se ha puesto el acento en el valor de las experiencias y saberes en primera persona de las mujeres con discapacidad y la importancia de rescatarlos mediante el desarrollo de estudios cualitativos liderados por las propias organizaciones en que participan, así como la necesidad de poner a estas mujeres en el centro de las políticas públicas frente a la violencia.