Con el voto unánime del Senado finaliza la exclusión del derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad. Una realidad que llega después de meses de trámites y votaciones.
Fue el pasado 8 de noviembre de 2017 cuando, después de la propuesta elevada por la Asamblea de Madrid, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que permitiría a más de 100.000 personas con discapacidad votar en cualquiera de las elecciones celebradas en el territorio español.
Después de un año de estudio, de aprobación en la comisión y en la Cámara Baja de la modificación, ayer este ‘pequeño’ trámite se aprobó en el Senado, pasando a formar parte de la historia de la nación ya que, gracias a esta reforma, las personas con discapacidad intelectual podrán ejercer su derecho a voto desde las próximas elecciones andaluzas el próximo 2 de diciembre.
Las #CortesGenerales aprueban definitivamente la #ProposicióndeLeyOrgánica de modificación de la Ley de Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. ▶️Votación y debate en el @Senadoesp ? https://t.co/ow1hGgQMQk pic.twitter.com/DXwlkuoq0F
— Senado de España (@Senadoesp) 21 de noviembre de 2018
Desde el CERMI, impulsores de este proyecto junto a Plena Inclusión y Down España entre otras, aseguran que este es un día histórico. “Ya se puede afirmar que la democracia, ahora sí, ha llegado plenamente a las personas con discapacidad sin excepción alguna, puesto que podrán ejercer su derecho al voto y también podrán ser elegidas por la ciudadanía como representantes legítimos”, exponen desde el comité.
Un año cargado de apoyo e ilusión
Durante los meses que ha durado la elaboración y estudio de la reforma, distintos políticos y personalidades han apoyado esta medida, siendo relevante la del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que afirmó que “la LOREG debe reformarse en la línea sugerida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su condición jurídica, tengan derecho a votar, y en caso de que la reforma contemple alguna excepción quepa solo en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona, supuestos que habrán de interpretarse restrictivamente”.
Asimismo, la campaña de Plena Inclusión ayudó a que los ciudadanos se movilizaran y concienciasen de lo importante que era aprobar esta medida. Con #MiVotoCuenta y el ‘Manifiesto por el Derecho al Voto de las Personas con Discapacidad Intelectual’ consiguieron que la reforma saliera adelante y que, si alguno tenía dudas sobre la misma, confiara y esperara con ilusión el momento en el que todas las personas con discapacidad intelectual pudieran votar.