Los derechos de las personas con discapacidad, todavía una asignatura pendiente
Trece años después de su entrada en vigor, buena parte de los mandatos de la Convención de Discapacidad se incumplen en España.
Trece años después de la entrada en vigor de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, España sigue aún lejos de haber hecho el suyo y aplicar este tratado internacional de derechos humanos
Esta semana se ha cumplido el decimotercer aniversario desde que es aplicable y exigible la Convención en España y 15 desde su adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Según CERMI, “la Convención desde luego ha servido para reactivar la agenda política y legislativa de la discapacidad en todo el mundo, y también en nuestro país, y ha orientado y servido como marco de referencia para todo lo que se haga en relación con las personas con discapacidad obedezca a una visión de derechos humanos”.
“No obstante la exigibilidad de la Convención y a pesar de la tarea del movimiento asociativo articulado en torno al CERMI, para su conocimiento, toma de conciencia y aplicación, son todavía muchas las esferas en que los mandatos de la Convención no se cumplen en nuestro país”, añade desde esta organización.
Para esta entidad, desde la propia Constitución Española, en su artículo 49, que “está desfasado en terminología y desalineado en su contenido a la ausencia de un modelo de educación inclusiva, pasando por la permanencia de modelos sociales institucionalizadores, en lugar de promotores de la vida independiente”, son algunas de las graves carencias de España a propósito de la Convención.
Déficits graves
También la ausencia de accesibilidad universal en la mayor parte de entornos, productos y servicios; la pobreza y la exclusión social que impiden que se cumpla el mandato de un nivel de vida adecuado para todas las personas con discapacidad o la situación estructural de exclusión y mayor violencia y abusos hacia las mujeres y niñas con discapacidad, son déficits graves no superados por España.
A pesar de estos estos desajustes, la Convención sigue siendo el mayor hecho social, político y jurídico que ha conocido la discapacidad y tiene todavía un arsenal de medidas en favor de la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad por lo que sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para hacer que las personas con discapacidad estén presentes, participen y dirijan sus propias vidas colaborando y aportando a la mejora colectiva, apostillan desde CERMI.
