La mejora de las prestaciones sociales pasa por Toledo
CERMI pide que el nuevo Pacto de Toledo incluya medidas explícitas para favorecer la protección social de las personas con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Parlamento que el nuevo Pacto de Toledo, en el que se está trabajando en la actualidad, recoja medidas que expresamente sirvan para reforzar la protección social de las personas con discapacidad.
En ese contexto, el CERMI ha remitido un documento con propuestas a los diferentes grupos con representación parlamentaria, en el que plantea una serie de medidas encaminadas a mejorar los niveles de protección de las personas con discapacidad y de sus familias; promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad; favorecer el mantenimiento del puesto de trabajo con las adaptaciones necesarias en caso de discapacidad sobrevenida, e introducir medidas específicas en favor de las mujeres con discapacidad.
Entre las propuestas encaminadas a reforzar la protección social de las personas con discapacidad, destaca la de incrementar la cuantía de la prestación económica por hijo o hija con discapacidad a cargo, tanto las que se perciben antes de los 18 años como después, con especial atención a los que requieren de más apoyos en su día a día (grado superior al 75%, parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual o trastornos del espectro autista).
Además, según esta entidad, “se debe incluir un complemento en concepto de ayuda para la atención temprana (entre los cero y los seis años), así como fortalecer la compatibilidad entre prestación y trabajo, incrementando el límite de ingresos por el empleo de los 7.783 euros actuales a los 18.160, es decir, el doble del salario mínimo interprofesional contando las 14 pagas”. Igualmente, reclama que se incrementen las pensiones de orfandad cuando concurra la variable de discapacidad.
Jubilación anticipada
En materia de jubilación anticipada, el documento del CERMI plantea suprimir el requisito de cotización mínima de 15 o más años para generar el derecho a la pensión de jubilación con la concurrencia durante todo ese tiempo del grado de discapacidad del 45% y de no ser inmediatamente posible, se reconozca, a los solos efectos de solicitar la anticipación de la jubilación anticipada, el grado de discapacidad del 45% desde una fecha anterior al último reconocimiento de este grado mínimo, siempre que se acredite mediante los informes médicos pertinentes que justifiquen dicho reconocimiento retroactivo.
Con respecto a las familias numerosas, propone que puedan acogerse a estos beneficios los hogares compuestos por uno o dos progenitores con un hijo con discapacidad, así como los formados por dos ascendientes con discapacidad o con uno solamente, pero con un grado igual o superior al 65%. Asimismo, las familias con un progenitor y un hijo con discapacidad (ambos con porcentajes de más del 65%) deben disfrutar de la calificación de familia numerosa de carácter especial, ya existente para las familias con cinco hijos.
Inserción laboral
Por otro lado, esta plataforma reclama apoyar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, “impidiendo que el Sistema de Seguridad Social ponga trabas a la activación y el acceso al empleo de las personas con discapacidad, y que al mismo tiempo estimule, compatibilizándolas en su caso, el tránsito de medidas pasivas a medidas activas. Para ello, es preciso mejorar el tratamiento del régimen de compatibilidad de las pensiones de invalidez no contributiva y el trabajo”.
En las situaciones de discapacidad sobrevenida, el CERMI exige “acabar con el principio general actual, que es la extinción del contrato laboral cuando un trabajador es declarado en situación de invalidez permanente. Para alcanzar este objetivo, se debe fortalecer la compatibilidad entre pensión y trabajo, puesto que hay personas con discapacidad sobrevenida que con determinadas adaptaciones pueden seguir en su empleo, o desempeñar otras actividades”.
Por último, para mejorar la protección de las mujeres con discapacidad que deciden ejercer su derecho a la maternidad, el CERMI solicita que se amplíe en cuatro semanas el permiso genérico de 16 semanas reconocido, llegando así a las 20 semanas.
Esta entidad también pide que todas estas medidas se hagan extensivas a las personas que trabajan en el sector público.
