Las prestaciones económicas desincentivan el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual

Un estudio de Plena Inclusión pone de relieve que las prestaciones tampoco benefician su autonomía y que “perpetúan” la situación de pobreza y dependencia.

La tasa de desempleo de la personas con discapacidad intelectual (38%) es casi tres veces mayor que la población sin discapacidad (14,55%), mientras que la tasa de actividad es tres veces menor (32% frente al 78%).

Según Plena Inclusión, estos datos ponen de manifiesto que las prestaciones económicas “no incentivan el trabajo porque trabajar implica en muchas ocasiones perderlas”.

Se trata de una de las principales conclusiones del estudio “¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora”, que analiza en qué medida el sistema de protección social compensa los costes económicos añadidos que tienen las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Este documento identifica un total de 99 prestaciones (21 nacionales y 78 autonómicas) tanto aquellas de ámbito general que tienen un especial tratamiento hacia la discapacidad, como otras específicas para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

Para Plena Inclusión, el análisis final pone de manifiesto una serie de limitaciones. Así, esta entidad afirma que la cobertura económica de estas prestaciones es muy limitada, si la comparamos con el sobrecoste que la atención de la situación de discapacidad supone para las personas y sus familias. De hecho, muchas de estas ayudas solo se pueden acumular hasta un límite de ingresos, que por lo general se sitúa en una media de 476€ para una persona.

Todas estas prestaciones están dispersas y el acceso a las mismas en algunos casos resulta complejo. En consecuencia, muchas personas no se benefician de las mismas por desconocimiento de su existencia o por barreras administrativas en su tramitación.

Además, para Plena Inclusión, los niveles de apoyo económico, en aquellas prestaciones que dependen de las comunidades autónomas, son muy heterogéneos: dependiendo de la comunidad autónoma en la que se viva, los apoyos económicos a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias pueden ser muy desiguales.

En ese contexto, del conjunto de las 99 prestaciones estudiadas, prácticamente ninguna está pensada para la discapacidad intelectual. Por ejemplo, aquellas que se centran en la accesibilidad, no tienen en cuenta la accesibilidad cognitiva.

“Muchas de las prestaciones pretenden únicamente mejorar los niveles de ingresos de las familias en función de los niveles de renta, pero no están orientadas a promocionar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual”, señalan.

El estudio constata además que –dada la manera en que están concebidas las prestaciones para las personas con discapacidad–, éstas no sólo no incentivan a las personas a trabajar, sino que en muchos casos las desincentivan. “Dicho de otra manera, a muchas personas con discapacidad intelectual no les sale a cuenta trabajar, pues van a obtener salarios muy moderados (la media se sitúa en 11.764 euros brutos anuales en 2016, más de la mitad de las personas sin discapacidad) y parte de lo que ingresan se les va a detraer de las prestaciones económicas que tienen concedidas”, apuntan.

“Bucle perverso”

“Además, la compatibilidad entre percepción de prestaciones y rentas del trabajo, se hace depender de las rentas de toda la unidad familiar, lo cual hace que en muchas ocasiones se superen estos mínimos, y no resulten compatibles. Ello unido a que los sueldos de las personas son menores que las prestaciones, hacen que se entre en un bucle perverso, ya que trabajar supone perder ingresos. Esta falta de incentivo impide la incorporación al mercado laboral y perpetúa el que las personas dependan de sus familias”.

Por ello, para esta organización, “la conclusión principal del estudio es que –cuando se tiene en cuenta el conjunto de prestaciones y apoyos económicos previstos para apoyar a las personas con discapacidad que proceden tanto del ámbito nacional como del ámbito autonómico–, dichas prestaciones  compensan en muy escasa medida el sobreesfuerzo económico que tienen que hacer las familias de estas personas”.

“Esto tiene consecuencias prácticas muy negativas, pues no solamente se reduce la capacidad adquisitiva de estas familias, sino que se impide además a las personas con discapacidad intelectual desarrollar su proyecto de calidad de vida y gozar de modo efectivo de sus derechos fundamentales. Por tanto es una clara discriminación, pues no se compensan de modo efectivo las desventajas económicas y se limitan las posibilidades de promoción y bienestar de las personas”, indican.

Demandas sociolaborales

Ante esta situación, Plena inclusión solicita de forma urgente que se garantice el acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual considerándolas una unidad de convivencia especial (sin tener en cuenta la unidad familiar)  y que ésta sea acorde a las necesidades y gastos que conlleva la discapacidad intelectual.

Por otro lado, pide establecer una garantía de ingreso mínimo específico para las personas con discapacidad intelectual que tenga como referencia el salario mínimo interprofesional (actualmente 735€/mes).

Además, reclama aumentar la cuantía de la prestación por hijo/a a cargo: alcanzar los 170 euros al mes para todos los menores de edad y elevar la cuantía en un 50% de la prestación para aquellos hijos/as adultos con grado de discapacidad del 65% y 75%  equiparando el tratamiento de ambos porcentajes  (570,2 € al mes).

En paralelo, solicita que exista una adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un trabajo, con el objetivo de no desincentivar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual, algo que genera autonomía y oportunidades de inclusión.

Por último, esta entidad demanda asegurar mejoras en el régimen fiscal del IRPF y del patrimonio no protegido que compensen la situación desfavorecida de las personas con discapacidad y sus familias: al menos todo el estado debe de recoger el mejor tratamiento que se da que corresponde a Guipúzcoa con 867€.