El 7% de la población reclusa corresponde a personas con discapacidad
De las 50.500 personas reclusas en todo el Estado, 3.773 son personas con discapacidad. Instituciones Penitenciarias ha anunciado el proyecto de abrir cuatro nuevos módulos Integra, aquellos en los que cumplen penas o medidas de seguridad personas con discapacidad intelectual.
Según los estudios, la población reclusa con discapacidad está en una situación de mayor vulnerabilidad. Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, según Patricia Cuenca, Doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid.
En concreto, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, de las 50.500 personas reclusas en todo el Estado, 3.773 son personas con discapacidad. De ellas, según esta misma fuente, 248 (6,5%) tienen reconocida una discapacidad intelectual.
En ese sentido, hace un año Instituciones Penitenciarias difundió un protocolo de actuación con personas con discapacidad en centros penitenciarios, en el que participaron Plena Inclusión, ONCE, CNSE, Fiapas, Cocemfe o FASOCIDE.
No obstante, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha anunciado el proyecto de abrir cuatro nuevos módulos Integra, aquellos en los que cumplen penas o medidas de seguridad personas con discapacidad intelectual.
La medida se implementará en la prisión Madrid I, el CIS (Centro de Inserción Social) de Alcalá de Henares, y otros dos centros penitenciarios, que no se han concretado, en Andalucía y Comunidad Valenciana.
El anuncio se ha hecho en el marco de un encuentro informativo, organizado por Plena Inclusión España y Servimedia, en el que se ha abordado sobre el presente y el futuro de la atención que se da a las personas con discapacidad intelectual que cumplen condenas privativas de libertad. En este momento funcionan solo dos módulos específicos de ese tipo, en la cárcel de Estremera, en Madrid, y en la de Segovia, en todo el país.
Paliar el desarraigo familiar
“Nos encontramos con numerosos casos de personas con discapacidad intelectual no certificada oficialmente”, ha asegurado el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Casos como el de Víctor Fernández, un recluso del centro penitenciario Ocaña II atendido por el programa de Plena inclusión Castilla La Mancha, al que todavía no se le ha reconocido oficialmente su discapacidad intelectual.
Según Ángel Luis Ortiz, la creación de cuatro nuevos módulos Integra, que son los específicos para personas con discapacidad intelectual, están dando un buen resultado y logran “paliar el desarraigo familiar de los internos”. En este momento, las familias de las personas reclusas que residen en localidad alejadas de Segovia y Madrid, deben recorrer largas distancias para visitar a sus allegados.
Desde Plena inclusión España, esta iniciativa “viene a paliar en parte la enorme demanda que existe de respuestas adaptadas a las personas con discapacidad intelectual que cumplen condena en cárceles españolas”.
“No es la solución ideal”
Para Inés de Araoz, responsable del Área Jurídica de Plena inclusión, no obstante, “los módulos específicos no son la solución ideal aunque en este momento sí cubren una realidad existente y acuciante”.
El programa de Prisiones que desarrolla esta entidad atendió en 2018 a 1.554 personas con discapacidad, el 10% mujeres. El 23% son personas en situación de riesgo delictivo; un 10% se hallan inmersas en un proceso judicial; el 58% cumplen pena privativa de libertad o medida de seguridad en centros penitenciarios y el 17% en libertad definitiva.
El programa, que funciona desde 1987 se desarrolla en 13 comunidades autónomas y en Ceuta. “Esto supone que Plena Inclusión atiende a personas en el 77% de los centros penitenciarios del país y en el 50% de los CIS (Centros de Inserción Social), que son en los que trabajan con personas internas que cumplen su pena en régimen abierto o que se encuentran en un avanzado proceso de reinserción”, han explicado desde esta entidad.
