El Defensor del Pueblo, a favor del voto de las personas con discapacidad
Francisco Fernández Marugán urge a reformar la ley electoral para que todas las personas con discapacidad puedan votar en mayo de 2019. También se ha mostrado a favor de subsanar esta situación la Comisionada de Derechos Humanos de la Unión Europea, Cermi, Plena inclusión y otras entidades.
«Nadie debería ser privado de su derecho al voto debido a sus discapacidades. Las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no son una excepción». Esta es la conclusión del informe de observaciones que Dunja Mijatovic, Comisionada de Derechos Humanos, ha presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con el caso de María del Mar Caamaño, una española que lleva varios años luchando para que su hija Mara pueda ejercer su derecho al voto, y que finalmente ha acabado dilucidándose en las Instituciones Europeas.
Fuente: Plena Inclusión.
Este caso, según Plena Inclusión, ha servido a la Comisionada para poner a España como ejemplo de la discriminación que ocurre en la mayoría de los Estados miembros del Parlamento Europeo.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, ha reclamado que se reforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto de manera inmediata, incluso en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2019.
“La LOREG debe reformarse en la línea sugerida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su condición jurídica, tengan derecho a votar, y en caso de que la reforma contemple alguna excepción quepa solo en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona, supuestos que habrán de interpretarse restrictivamente”, afirma Fernández Marugán en una entrevista concedida al boletín ‘Cermi.es semanal’.
100.000 personas privadas de su derecho
Según Cermi, la privación del derecho de voto está estrechamente relacionada con la modificación de la capacidad jurídica. Por ello, Fernández Marugán señala que «hay que pasar de un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de apoyo y complemento en la realización de actos y la adopción de decisiones, que se proyecte únicamente donde sea estrictamente necesario».
Por su parte, Plena inclusión espera que se lleve a cabo, como les ha contado Vidas Insuperables, la reforma con el fin de garantizar este derecho básico a 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que actualmente están privados del mismo.
La Comisionada europea Mijatovic afirma que una privación del derecho al voto de estas personas basada únicamente a su discapacidad, es contraria a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las personas con Discapacidad y supone una discriminación, aun cuando haya habido por parte de un juez una evaluación sobre su capacidad cognitiva o su estado mental, ya que en nuestras democracias modernas nadie debería tener que “justificar por qué vota por un partido o candidato en particular” y esta privación del voto “no protege ni a la persona ni a la sociedad”.
Junto a todo ello, y también en línea con las reivindicaciones de Plena inclusión en su campaña #MiVotoCuenta y en su “Manifiesto por el Derecho al Voto de las Personas con Discapacidad intelectual” la Comisionada alude a una serie de obligaciones que los estados deben cumplir para garantizar que la personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer de manera efectiva este derecho en igualdad de condiciones que el resto: medidas generales de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando sea necesario, asistencia y apoyo, para que la persona entienda el proceso para elegir y votar.
