El vacío legal de la accesibilidad cognitiva
Cermi denuncia que España carece de legislación sobre accesibilidad cognitiva, clave para la inclusión de muchas personas con discapacidad.
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha denunciado que “en España no existe ninguna regulación sobre la accesibilidad cognitiva” y, por tanto, “carecemos de respaldo legal para exigirla”, durante la presentación de un proyecto dirigido a ofrecer información en lectura fácil sobre los medicamentos más frecuentes entre las personas con discapacidad intelectual.
Este proyecto, ‘Salud Más Fácil’, impulsado por Plena Inclusión Madrid y Sandoz y que se presentó en la agencia Servimedia, persigue facilitar la comprensión de los prospectos de los medicamentos entre el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Pérez Bueno explicó que se trata de un proyecto “loable y que mejorará la vida de las personas con discapacidad intelectual”, que “en nuestro país no tienen garantizado su derecho a la accesibilidad cognitiva”.
En el ámbito de los medicamentos, las empresas solo están obligadas a rotular en braille, pero «no hay nada de accesibilidad cognitiva», señaló. En su opinión, “iniciativas como esta son muy beneficiosas pero no podemos dejar los derechos al albur de la buena voluntad empresarial o ciudadana”.
Por ello, el presidente del Cermi instó al Poder Legislativo a “tramitar con urgencia la proposición de ley para reformar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad”, que pretende incluir la accesibilidad cognitiva en el articulado de la norma. “Se trata de una mejora para el país, sin sesgo ideológico”, declaró, por lo que “todos los grupos deberían apoyarla”.
Tener un soporte jurídico
Recordó que la legislación española ya reconoce la accesibilidad física, la sensorial, la referida o la que afecta al transporte, si bien indicó que “otra cosa es que se cumplan sus condiciones que no siempre es así” pero ,al menos, se pueden exigir”.
De ahí la importancia de “dotar de soporte legal y jurídico” a esta reivindicación tan fundamental para los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo», informa Servimedia.
