El voto de las personas con discapacidad, ¿limitado?
El CERMI exige a la Junta Electoral Central que “anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad”.
Durante los últimos meses, más de cien mil personas con discapacidad sueñan con hacer realidad el anhelo de votar por primera vez en sus vidas.
Tras el hito histórico de la aprobación de la Reforma de la Ley Electoral, tras la que estuvo el trabajo ímprobo de entidades como Plena Inclusión, Cermi o Down España, o el apoyo del Defensor del Pueblo, parece aún que aún no se ha aceptado esta realidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a la Junta Electoral Central que “anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad”.
“La instrucción, elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones”, explican desde esta federación.
Prejuicios
Para CERMI, “la decisión de la Junta está cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera”.
El CERMI se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente pidiendo la revisión urgente de la instrucción para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral.
Una situación que contrasta con la ilusión de las personas con discapacidad, que han llegado a participar en simulacros electorales.
De manera paradójica, la inclusión aún no parece haber calado en la confección interna de los partidos políticos, ya que sólo 4 de los 616 senadores y diputados nacionales son personas con discapacidad, según el patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis-Martínez-Pujalte.
