Esterilización no consentida y legislación sobre libertad sexual
CERMI Mujeres exige la inclusión de la esterilización no consentida en la nueva legislación, así como el reconocimiento de la indemnidad sexual, acceso a la justicia y accesibilidad.
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido incluir la esterilización no consentida como una forma de violencia sexual en el proyecto de ley de libertad sexual, que basa parte de su argumentación en el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). De hecho, cuestiones como la mutilación genital femenina están incluidas (artículo 38), según esta entidad.
Así lo han puesto de manifiesto también las distintas personas expertas del ámbito político que han participado en el XV Conversatorio de FCM, bajo el título ‘Hacia una nueva regulación de la protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales en España», que ha tenido lugar este lunes, 31 de enero.
Según la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, las cuestiones fundamentales que debería recoger esta ley para las mujeres y niñas con discapacidad: la inclusión de la esterilización no consentida, indemnidad sexual, acceso a la justicia y accesibilidad. Entre las aportaciones, destaca la necesidad de incluir en el proyecto de ley el reconocimiento de la esterilización forzada como una forma de violencia sexual en la misma línea que la mutilación genital femenina.
Asimismo, ha insistido en el derecho de pleno acceso a la justicia a las mujeres que quieran denunciar y la necesidad de que la ley recoja el concepto de “indemnidad sexual” es decir, el bien jurídico protegido que toda persona tiene a que la formación de su sexualidad no se vea interferida de ninguna manera sobre todo en los menores y en las mujeres que tienen su capacidad jurídica modificada” ha puntualizado.
Además, ha analizado las dificultades que puede aparecer en el camino para conseguirlo y pide a todos los grupos parlamentarios realizar un abordaje integral y la implicación de todos los ministerios en esta materia.
Indemnidad sexual
Por su parte, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar Sepúlveda García de la Torre, ha incidido en que se debería recoger el proyecto de ley la indemnidad sexual para garantizar una protección adecuada de determinados grupos sociales desfavorecidos, entre ellos el de las mujeres y niñas con discapacidad.
En consonancia con la reciente reforma de nuestro Código Civil, Sepúlveda, ha analizado la manera en la que debería tenerse en cuenta el apoyo para la toma de decisiones de los grupos más desfavorecidos de mujeres, los niños y las niñas y las personas con discapacidad. “Coincido con CERMI Mujeres en que la esterilización forzosa debe ser incluida en la ley y, añadiría, el tema de la prostitución” ha finalizado.
Por su parte, Tasia Aranguez Sánchez como miembro del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres, ha profundizado en los avances del proyecto de ley y los puntos que se deben solucionar. Entre ellos, ha revindicado la inclusión del término indemnidad sexual en el proyecto de ley con todo lo que ello conlleva y la importancia de incluir en esta ley “pasos hacia el abolicionismo de la prostitución”.
