Hacia el fin de la esterilización forzosa
CERMI y Fundación CERMI Mujeres piden la reforma del Código Penal para acabar con la posibilidad de que las personas con discapacidad que hayan sido incapacitadas legalmente puedan ser sometidas a una esterilización forzosa.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres (FCM) han reclamado al Ministerio de Justicia la reforma del Código Penal para suprimir la posibilidad de que las personas con discapacidad que hayan sido incapacitadas legalmente puedan ser sometidas a una esterilización forzosa, “una práctica que sufren especialmente las mujeres y niñas con discapacidad”.
En una misiva remitida al nuevo secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, el CERMI y la FCM urgen a reformar el apartado segundo del artículo 156 del Código Penal, con el fin de terminar con “excepciones lacerantes” que atentan contra la integridad de las personas con discapacidad.
En concreto, este apartado recoge en la actualidad que “no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento” y ”siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil”.
De igual modo, según estas entidades, “debe desaparecer la disposición adicional primera, que establece que la esterilización deberá ser autorizada por un juez en el procedimiento de modificación de la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias del representante legal de la persona sobre cuya esterilización se resuelve, oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo examen por el juez de la persona afectada que carezca de capacidad para prestar su consentimiento”.
Para CERMI, dado que el Gobierno ha encargado a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación una propuesta de modificación del Código Penal en relación con la redacción de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, plantea que “la prohibición de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad forme parte de esta reforma, con la que no deja de tener conexiones materiales, y así aprovechar esta coyuntura legislativa”.
