La accesibilidad cognitiva como derecho
Plena inclusión reclama el reconocimiento efectivo de la accesibilidad cognitiva en la legislación, crucial para la vida de millones de personas en nuestro país.
Para millones de personas se trata de la única forma de garantizar un acceso igualitario de aquellas que tienen dificultades de comprensión a los entornos, productos y servicios, con el objetivo de que puedan ser ciudadanas de pleno derecho.
Plena inclusión reclama el reconocimiento efectivo de la accesibilidad cognitiva en la legislación, ya que pese su importancia, sigue siendo la gran olvidada en el desarrollo legislativo y la investigación aplicada en España, según esta entidad.
En ese contexto, Plena inclusión reivindica que haya una definición y un desarrollo concreto de la misma en la legislación que permita su extensión y aplicación por parte de las Administraciones Públicas, entidades privadas y agentes sociales.
Se trata por tanto de una herramienta fundamental para “garantizar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y otros colectivos que pueden tener dificultades de comprensión, como las personas mayores, las migrantes sin conocimiento de nuestra lengua, etc”.
En opinión de esta asociación, estos colectivos sufren una doble discriminación: a la brecha tecnológica que les separa en muchos casos de los nuevos sistemas de información, cada vez más digitalizados, se une esta brecha en la propia comprensión de la lengua y los entornos.
Un derecho recogido por la ONU
España firmó en 2008 la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose de este modo a adaptar toda su legislación a la misma. En su artículo 9, esta Convención afirma que “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público”. Este artículo incluye además una referencia explícita a los sistemas de “fácil lectura y comprensión”.
Por ello, “como organización de referencia en el ámbito de la accesibilidad para personas discapacidad intelectual o del desarrollo, Plena inclusión reivindica que la legislación española relacionada con la accesibilidad universal (como el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social) incorpore una definición específica de la accesibilidad cognitiva, y su consiguiente desarrollo normativo”.
“Este el único modo de asegurar que las administraciones públicas, instituciones y empresas puedan seguir avanzando para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a su información, productos y servicios. También de favorecer la investigación en este ámbito y lograr criterios comunes a la hora de realizar y aplicar este tipo de accesibilidad”, añaden.
La primera oficina pública de accesibilidad cognitiva
En los últimos años, Plena inclusión participa en diferentes grupos de trabajo e investigaciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil, con el fin de investigar y agrupar el conocimiento existente en estas materias.
Asimismo ha asesorado a diferentes grupos políticos y agentes sociales y se ha puesto a disposición de todas las administraciones públicas que han querido asegurar la comprensión de sus servicios. Fruto de ello, por ejemplo, ha logrado en Extremadura la primera oficina pública de Accesibilidad Cognitiva de nuestro país, en la que participan como validadoras varias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
