La discapacidad, primera reforma social de la Constitución
Los cambios se centrarán en el precepto consagrado a las personas con discapacidad, aunque con un enfoque y una terminología, propia de los años 70 del siglo pasado. El Congreso también ha comenzado a trabajar para terminar con las esterilizaciones de personas con discapacidad.
El Gobierno remitirá este año a las Cortes Generales el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española, dedicado a las personas con discapacidad, para alinearlo con la visión vigente de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.
Sería la primera reforma social de la constitución española, en sus más de 40 años de vigencia, y se centraría en el precepto consagrado a las personas con discapacidad, aunque con un enfoque y una terminología, propia de los años 70 del siglo pasado, hoy amortizada y no compatible con la perspectiva actual cristalizada en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
Los trabajos de preparación de esta reforma constitucional han sido desarrollados por el Gobierno y el Congreso de los Diputados en estrecho e intenso diálogo con el CERMI, que ha sido la plataforma cívica que planteó esta reivindicación y llevó este asunto a la agenda política y legislativa.
El CERMI espera una pronta remisión al Parlamento del texto de reforma constitucional del artículo 49, en los términos acordados con el Gobierno, y desplegará una tarea de incidencia e interlocución para que se apruebe con el máximo consenso posible de las fuerzas políticas.
El principio del fin de las esterilizaciones
Por otro lado, el Congreso de los Diputados ya ha empezado a trabajar en la proposición de ley de modificación del Código Penal cuyo objetivo es terminar con las esterilizaciones de personas con discapacidad, informa Servimedia.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados constituirá la ponencia encargada de debatir e informar la proposición de ley de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Comienza así la tramitación de la iniciativa legislativa inspirada por el movimiento Cermi Mujeres para erradicar del ordenamiento jurídico español «una práctica gravemente atentatoria contra los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialmente mujeres y jóvenes», ha señalado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Presentada hace unos meses en el Senado por el Grupo Ciudadanos, a demanda y a partir de un texto de la Fundación Cermi Mujeres, la proposición de ley fue tomada en consideración por una amplia mayoría de la Cámara Alta, ya que su admisión a trámite fue aprobada prácticamente por unanimidad.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzosas, la mayoría de ellas en mujeres, y el Cermi estima que en 2016 hubo 140 casos.
