Sólo 4 de los 616 senadores y diputados nacionales son personas con discapacidad
El patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis-Martínez-Pujalte, asegura que “es poco razonable la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones españolas”.
La inclusión no parece haber llegado aún internamente a las estructuras de los partidos políticos, al menos, a tenor de los datos: de los 616 políticos que componen el Congreso de los Diputados y el Senado, sólo 4 (dos en cada cámara) son personas con discapacidad.
Así lo ha denunciado el patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Antonio Luis-Martínez-Pujalte, quien asegura que “es poco razonable la escasa presencia de las personas con discapacidad en las instituciones españolas”.
Este experto ha hecho estas declaraciones en el marco del II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se celebra en Pamplona hasta hoy, organizado por el CERMI Estatal, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra. Además, el evento cuenta con la asistencia técnica de Fundación Koine-aequalitas y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Garrigues, Thomson Reuters, el CERMIN y la Asociación Eunate.
Martínez-Pujalte ha realizado un repaso por todos los acontecimientos que han tenido lugar hasta que se ha conseguido la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), recordando la lucha del movimiento asociativo y exponiendo hitos como el caso de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual privada del derecho de voto, quien junto a su familia, decidió recurrir a diferentes instancias judiciales logrando una importante atención de la opinión pública.
Pese a este importante paso adelante, este experto ha avisado de que “no nos podemos dar por satisfechos”, y ha hecho un llamamiento para que se sigan mejorando cuestiones como la accesibilidad de los locales electorales. “Pero no solo se debe hablar de accesibilidad física, sino también comunicacional, haciendo que, por ejemplo, los programas electorales de los partidos sean accesibles o incrementando la proporción de personas con discapacidad en las listas electorales para que sean un reflejo de la realidad social”.
Por otro lado, en relación con la participación social y cultural de las personas con discapacidad, el profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Roldán Jimeno, ha desgranado las principales claves de la Ley Foral de Derechos Culturales y ha expuesto algunos de las mejoras en este ámbito en Navarra. En esta línea, ha comentado avances en materia de acceso virtual a la cultura o en entornos físicos de interés.
Otros logros conseguidos
Por otro lado, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha destacado otros avances como la modificación de la Ley del Jurado Popular para que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales y la eliminación de las restricciones existentes al derecho de contraer matrimonio por parte de las personas con discapacidad.
Además, ha enumerado algunas cuestiones que están en proceso en la actualidad, como es el caso de la reforma del Código Civil para acabar con la supresión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o la “primera reforma social de la Constitución que se ha puesto en marcha en nuestro país”.
“En todas estas conquistas, la sociedad civil de la discapacidad organizada en torno al CERMI ha jugado un papel determinante, ya que somos garantes y vigilantes de la mejora colectiva”, ha agregado el delegado del CERMI.
El secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Trabajo Social en la UNED, Rafael de Lorenzo, se ha referido al tratamiento que el texto constitucional da a las personas con discapacidad y ha celebrado que si se aprueba la reforma del artículo 49 en los términos en los que se está trabajando en la actualidad se reforzaría ampliamente la protección jurídica de las personas con discapacidad, más allá de modificar la terminología con la que se hace referencia a este grupo social.
En su opinión, esto es así porque “ya no hablará solamente de que los poderes públicos están obligados a proteger a las personas con discapacidad, sino que reconoce a esta parte de la ciudadanía como titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad efectiva”.
