SOS de la discapacidad intelectual
El aumento de un 9% anual en sus gastos amenaza la supervivencia de las entidades que apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, según Plena inclusión.
Sostener el apoyo a la población más vulnerable, cada día se convierte en una misión más difícil. Esta es la conclusión que podría extraerse del estudio realizado por Plena inclusión España entre 27 de sus entidades, en 11 Comunidades Autónomas. Esta recopilación de datos señala que en el último año los gastos de las entidades de Plena inclusión se han incrementado en un 9% de media. En un presupuesto medio anual de un millón de euros, esta sobrecarga económica supone asumir 90.000 euros más de gasto, en un contexto general de infrafinanciación de los servicios sociales.
Los datos, recogidos entre marzo de 2021 y el mismo mes de 2022, corresponden a un estudio pormenorizado de las cuentas de las entidades, al que seguirán otros. En el mismo se computan gastos de suministros, alquileres, alimentos y personal, en asociaciones de tamaño grande (más de 200 trabajadores/as), mediano (entre 200 y 50) y pequeño (menos de 50 empleados/as). El incremento se sitúa en un 72% (electricidad); 40% (transporte); 32% (gas); 8% (alquileres). Estas cifras han llevado a Plena inclusión a crear un Observatorio Permanente de Seguimiento sobre la Sostenibilidad Económica de las entidades que conforman la confederación.
El movimiento asociativo de Plena inclusión, formado por 950 entidades distribuidas por toda la geografía española, sostiene a más de 4.000 centros y servicios: centros de día, pisos tutelados, colegios de educación especial, centros ocupacionales, residencias, centros especiales de empleo, etc. En su conjunto, con una plantilla de más de 46.000 personas, presta apoyos a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias, garantizando su acceso a derechos fundamentales como los de educación, empleo, vivienda, salud y ocio, entre otros.
“Las administraciones públicas no pueden permitir que entidades que dan un apoyo fundamental a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad terminen desapareciendo porque no alcanzan a sufragar unos sobrecostes cada vez más altos”, explica Santiago López, presidente de Plena inclusión España, en referencia a la ayuda que presta este movimiento asociativo a 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en todo el país.
Carta a la Ministra
Plena inclusión ha hecho llegar su preocupación a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, enviándole una carta en la que se le pide que refuerce la financiación del Plan de Choque del Sistema Nacional de Promoción de la autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el que se apoya presupuestariamente a las CCAA para que estas puedan actualizar los precios/plaza de los centros y servicios. También se solicita a las administraciones competentes que aseguren la financiación de los centros especiales de empleo, la mayor herramienta de inclusión laboral para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
