Queridos Reyes Magos: Deseo pedir la igualdad de las mujeres con discapacidad
Cermi Mujeres pide ante la ONU que España adopte políticas públicas “que permitan conseguir este reto social. Nuestro país será sometido en 2020 a un Examen Periódico Universal de derechos humanos.
Seguramente, muchas mujeres con discapacidad pidan a los Reyes Magos una necesidad de primera magnitud, su igualdad social. Pero mientras llegan los presentes de Sus Majestades de Oriente y después de pasar por todos casi todos los estamentos, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha pedido ante Naciones Unidas que el Estado español adopte las políticas públicas necesarias “que permitan conseguir la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad”.
Así lo ha trasladado en Ginebra (Suiza) la presidenta de la FCM, Concha Díaz, durante la sesión preparatoria del Examen Periódico Universal de derechos humanos al que será sometida España en enero de 2020. Díaz ha repasado los contenidos principales del informe sombra de la FCM sobre la situación de derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en España, que “recoge las vulneraciones y quiebras más críticas, al tiempo que señala propuestas de reparación y mejora”.
El Examen Periódico Universal es un proceso singular que incluye un análisis de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y que ofrece a cada país la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en su territorio.
La Fundación CERMI Mujeres ha intervenido junto a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil como el Defensor del Pueblo; Observatorio DESC; Fundación Secretariado Gitano; la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información, y Fundación Raíces.
En su intervención, la presidenta de la FCM ha declarado que se debe trabajar en ámbitos como la igualdad y no discriminación; la mayor exposición a las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad; el acceso a todos los servicios de salud, y el aumento de la inclusión en el mercado laboral.
En el repaso que Concha Díaz ha realizado al informe de la FCM, ha reclamado que se pongan en marcha medidas legislativas para avanzar en materia de igualdad y que se cumplan los mandatos recogidos en la
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Violencia en el entorno familiar
Además, el informe solicita que España revise su legislación sobre la violencia contra la mujer, tal como recomendó el Comité de la CEDAW, puesto que hay otras formas de violencia que no están contempladas en la legislación actual, ya que se enfrentan a la práctica de esterilizaciones forzosas y violencia ejercida en el entorno familiar, en el lugar de trabajo y por sus cuidadores. “Para arrojar más luz sobre esta situación, es urgente impulsar estudios específicos sobre la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad”.
Al mismo tiempo, la FCM pide que se modifique el Código Penal para acabar con la posibilidad legal de que se lleven a cabo esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, “una práctica que sufren sobre todo las mujeres y niñas”.
Por otro lado, para luchar contra la violencia machista, resalta que se debe garantizar la accesibilidad de todos los recursos destinados a la atención a víctimas de violencia.
Salud y empleabilidad
En materia de salud, el informe pide que se actualicen, modifiquen y pongan en funcionamiento medidas destinadas a mejorar la atención en la salud primaria, incluida la accesibilidad, la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de salud para todas las mujeres, teniendo en cuenta las que tienen discapacidad. Igualmente, reivindica la igualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductivo.
Por último, entre las cuestiones planteadas por la FCM, destaca diseñar planes de impulso de la empleabilidad de las mujeres con discapacidad y de lucha contra la precariedad; desarrollar medidas de apoyo a las emprendedoras con discapacidad, incluidas las que residen en el entorno rural, y que España ratifique el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
