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Voz Unánime Para Conseguir Mayor Igualdad De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres Con Discapacidad

Voz unánime para conseguir mayor igualdad de acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad

La “II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad”, organizada por la Fundación CERMI Mujeres (FCM)”, pone de manifiesto datos muy preocupantes, como que “una de cada tres mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, lo que  supone más del doble que las mujeres sin discapacidad”.

Casi con una sola voz y con el Senado de telón de fondo, la “II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad”, organizada por la Fundación CERMI Mujeres (FCM), ha puesto en valor la necesidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad.

En un evento que ha contado con la participación del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; el vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz; el director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, Joaquín Delgado, y la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Ana Peláez, se ha profundizado en la situación actual de las mujeres con discapacidad y la Justicia.

En ese contexto, Soledad Cisternas, enviada especial de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, ha reclamado que se brinden los ajustes razonables a las personas con discapacidad en los procesos judiciales y que los profesionales que intervienen en estos procesos tengan formación adecuada para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en general, y de las mujeres en particular. “El poder judicial tiene que ser ejemplar en materia de accesibilidad”, ha dicho.

Soledad Cisternas ha recordado que el acceso a la justicia de todas las personas es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. “Espero que este objetivo se cumpla, porque sin duda, contribuirá a fortalecer el sistema democrático”.

Violencia machista

En ese sentido, María Elena Palacios, inspectora jefa de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía, ha detallado el trabajo que se realiza desde esta institución con las mujeres con discapacidad, con especial atención a las que han sufrido violencia machista. Así, ha puesto en valor la figura del ‘facilitador’, “que en ocasiones, como su nombre indica, hace mucho más fácil la comunicación para las mujeres con discapacidad”.

“Atendemos a la víctima, la escuchamos, la asesoramos y ayudamos a denunciar si procede, y valoramos el riesgo, poniendo protección incluso antes de que haya un pronunciamiento judicial”, ha añadido Palacios, que ha hecho hincapié en que en todos los procesos se dé cumplimiento a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Susana Martínez, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, ha hecho referencia a los obstáculos que afectan a las mujeres víctimas de violencia de género, y en mayor medida a las que tienen discapacidad.

Al respecto, ha evidenciado la “importante desconfianza” que las mujeres con discapacidad tienen todavía hacia la administración de justicia y el “miedo que tienen a la pérdida de la custodia de sus hijos e hijas por razón de discapacidad”.

“Una mujer con una determinada discapacidad puede tener una capacidad total para el cuidado de sus hijos, aportándoles además un valor afectivo muy importante que no se ve aminorado por tener algún tipo de discapacidad”, ha repuesto.

Desconocimiento y prejuicios

Rebeca Gómez, psicóloga forense y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), ha puesto de manifiesto que las dificultades de acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad “no es tanto una cuestión únicamente de obstáculos sino, en muchos casos también de desconocimiento y prejuicios.

Además, ha  puesto de relieve que “en muchas ocasiones los problemas vienen antes del proceso judicial y esto desincentiva a las mujeres con discapacidad a la hora de poner una denuncia”.  “El problema es que se concibe a las mujeres con discapacidad como menos mujeres por el machismo imperante”, ha concluido.

Estudio sobre discriminación judicial

La Conferencia también ha servido de marco para la presentación de un estudio sobre discriminación a mujeres con discapacidad en sentencias judiciales bajo el marco de los derechos humanos, a cargo de la experta Laura Seara, de la Red Talento Consultora.

Seara ha explicado que el trabajo analiza múltiples sentencias dictadas a partir de 2008, año en el que entró en vigor la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En primer lugar, Seara ha denunciado la falta de datos estadísticos existentes en ámbitos como los internamientos involuntarios de mujeres con discapacidad, y ha apuntado que pese a los avances que se están produciendo en la aplicación de la Convención de la Discapacidad de la ONU, sigue habiendo fallos que no aplican este tratado.

“En pleno siglo XXI, nos hemos encontrado con sentencias que hablan de ‘retrasadas’ y ‘disminuidas’, dictadas en audiencias provinciales y en el propio Tribunal Supremo”, ha agregado.

Y ha añadido que “el actual sistema de incapacitación penaliza doblemente a las mujeres, pues hay más mujeres incapacitadas que hombres. Se usa la incapacitación con intención de someterlas a esterilizaciones y privarlas de ser madres, mientras en el caso de los hombres con discapacidad, suele ser por motivos de manejo de su patrimonio”, ha criticado esta experta, poniendo el foco también en la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el reparto de la custodia de los hijos e hijas, porque a su juicio, “la sociedad patriarcal no las considera aptas para tomar decisiones sobre su patrimonio o su maternidad”.

Cifras preocupantes

Por otro lado, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha expresado su preocupación por las cifras que reflejan que aún hoy “una de cada tres mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido algún tipo de violencia física, psíquica o sexual, lo que  supone más del doble que las mujeres sin discapacidad”.

Ortega ha abogado por apostar por la formación como elemento imprescindible. “Es esencial conocer la realidad de las mujeres con discapacidad y que la asistencia jurídica se haga, no solo con perspectiva de género, sino también con perspectiva de discapacidad, ya que muchas veces la discriminación proviene de la propia ignorancia”.

En términos parecidos se ha expresado la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández. “La situación de las mujeres con discapacidad es aún más difícil y ahora es el momento de que, desde todas las organizaciones y desde la sociedad en su conjunto, se trabaje para visibilizar el maltrato a las mujeres y niñas con discapacidad, proponer protocolos específicos de apoyo y prevención de la violencia”.

En ese contexto, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha exigido que se prohíba en España los procesos de esterilización forzada a mujeres y niñas con discapacidad y ha puesto como ejemplo a Suiza, un país donde no sólo se ha dejado de realizar, sino que se está indemnizando a las mujeres que han sido sometidas a ellas.

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