Las elecciones, una nueva oportunidad de avance para la discapacidad
El CERMI pide garantizar la accesibilidad de todo el proceso electoral e incluir personas con discapacidad en las listas de los partidos. En el punto de mira también estará las quejas de los últimos comicios sobre los criterios para ejercer el derecho al voto.
Los candidatos de la inclusión volverán a ser protagonistas de las próximas elecciones generales, que se tornan como una nueva oportunidad para seguir avanzando en los derechos de la diversidad.
Pese a que las últimas elecciones Generales, Autonómicas y Locales han pasado a la historia para 100.000 personas que han recuperado su derecho al sufragio, la Junta Electoral Central eludió cambiar del criterio que provocó la “queja por vulneración al derecho a no discriminación de las personas con discapacidad” que presentó Plena inclusión. Por consiguiente, este será un foco de atención en los próximos comicios.
Además, habrá que ver si los políticos se hacen más comprensibles para las personas con discapacidad, que en el 40% reclama “entenderlos” y disponer de los programas electorales en lectura fácil.
En este contexto, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), junto a la Fundación CERMI Mujeres, ha pedido a todas las fuerzas políticas que incluyan a hombres y mujeres con discapacidad en sus listas electorales y que se garantice la accesibilidad de todo el proceso electoral, incluidas las instalaciones de los colegios, mítines y documentos como programas electorales.
El CERMI también ha reclamado que de cara a la próxima legislatura se acometa una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para introducir la obligación de que en las listas electorales a cualquier comicio (nacional, europeo, autonómico y local) hayan de figurar forzosamente candidatos y candidatas con discapacidad, uno al menos por cada diez, o si el número total es menor, uno por fracción.
Asegurar la presencia de la discapacidad
Con esta medida, CERMI pretende que se asegure la presencia de personas con discapacidad en la vida política, proporcionando a esta la diversidad y pluralidad que tiene la sociedad.
La entidad reclama también retomar los trabajos iniciados en la pasada legislatura por parte del Gobierno y del Congreso de los Diputados para llevar a cabo una modificación completa del artículo 49 de la Constitución, con el fin de adecuar la Carta Magna a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reforzando la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía y actualizando la terminología con la que el texto constitucional hace alusión a las personas con discapacidad.
Nueva ley orgánica
En esta línea, el CERMI plantea aprobar en el primer año de la legislatura una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a la Convención de la Discapacidad, recogiendo aspectos como la igual capacidad jurídica; la eliminación de barreras arquitectónicas; garantizar el derecho a la educación inclusiva, y acabar con los internamientos no voluntarios, entre otros aspectos.
Precisamente, entre las reivindicaciones de la organización, sobresale la adopción de una estrategia estatal de inclusión en la comunidad que permita a las personas institucionalizadas acogerse a fórmulas de vida inclusivas en la comunidad, contando con los apoyos públicos necesarios para que pueda hacerse efectiva su elección.
Luchar contra la discriminación de mujeres y niñas
En paralelo, el CERMI y la Fundación CERMI Mujeres han urgido “a revisar el ordenamiento jurídico para prohibir y suprimir prácticas contrarias a los derechos humanos de las personas con discapacidad, que se ceban particularmente con las mujeres y niñas, como la esterilización forzosa, el aborto coercitivo y la ablación”.
También reclaman elaborar una macroencuesta sobre violencia de género contra mujeres con discapacidad, así como garantizar el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Por otro lado, el CERMI pide aprobar una ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales, incluyendo equidad territorial y recogiendo un mínimo de ingresos para las personas en situación de necesidad temporal o permanente. Dicha partida se financiaría con los ingresos que el Estado consiguiera con el futuro impuesto a las transacciones financieras.
El impulso de una ley integral de protección a las familias, teniendo en cuenta de manera reforzada a las que tienen personas con discapacidad en su seno; aprobar una ley de protección de la infancia, teniendo en cuenta la variable de discapacidad, y la ratificación por el Reino de España de la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa y de sus mecanismos complementarios de seguimiento y aplicación son las propuestas que realiza esta plataforma para aumentar la protección de los derechos sociales.
